No pongo en duda que se puede tener razón en los reclamos de la población latina contra la Ley Inmigración o Ley Retorno que recién acaba de aprobar el Parlamente Europeo. De hecho el tema ha movido hasta organizaciones como la OEA, quienes según leo enviarán a Europa una delegación a fin de conocer los motivos de los diputados de la Comunidad. Ciertamente hay que defender el derecho de los ciudadanos del mundo de poder transitar libre por esta tierra. Definitivamente los países ricos deben comprender que el costo de su prosperidad es la inmigración, pero que en lugar de prohibirla debe legislar para saberla aprovechar.
Comparto por tanto la preocupación del presidente Chávez y asumo el papel de representante de los inmigrantes para agradecer su postura frente a esa norma. Pero hasta allí. Estamos de acuerdo entonces que la ley puede ser injusta contra los habitantes de América Latina, Asia o África, pero no que nuestra inconformidad signifique que se juegue con el futuro de los venezolanos, aunque sea en unos cuantos miles de euros. Ya que el malestar que le produce la ley europea, la ataca con la amenaza de no vender petróleo a este continente.
Quizás no le vendamos mucho, y al final no perdamos tanto, pero el tema es la actitud. El voto en una democracia otorga un mandato que debe ser realizado en un período de tiempo y bajo unas reglas muy específicas. El voto no otorga derechos supremos a sus beneficiarios. Por tanto decisiones como la salida de la Comunidad Andina o la entrada al Mercosur debieron ser consultadas con la población. Decisiones fundamentales sobre el manejo del negocio petrolero, deberían ser resueltas en asamblea de accionistas. Donde existe el temor, de este gobierno que en 1999 consagraba el principio de la democracia participativa, de entregar a cada venezolano la acción que nos corresponde.
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