martes, 28 de julio de 2009

SAMAN Y LAS VITARAS DE BS. 61.000


Mi amigo Carlos me comenta su acuerdo con el gobierno con el tema de la especulación en el mercado automotriz. Me explica que en México un carro se consigue a US$ 8000. Una búsqueda en la web en los llamados libros azules en Estados Unidos, si bien no me muestran carros de este precio, si aparecen carros nuevos a partir de US$ 10.710 para el estado de Florida, que al cambio oficial significan Bs. 23.026,50 ó un precio cercano a los Setenta mil bolívares utilizando otros criterios para la compra de la divisa estadounidense. Por supuesto que como persona de clase media, cualquier cosa que se haga para abaratar los costos de vehículos es recibida con beneplácito y deseos de que ciertamente ocurra.
Esta parece ser la intención de uno de los personajes preferido para mis escritos, el inefable Eduardo Samán, Ministro de Industrias Ligeras y Comercio. Este garantizó dólares de CADIVI para la importación de vehículos, pero con un estricto control sobre ek precio de venta y lo explicó con el siguiente ejemplo “la empresa General Motors obtiene la camioneta Gran Vitara 4x2 a un precio Cif (que comprende el costo del flete y del seguro) en 17.819 dólares, entonces, con el dólar en Bs. 2,15 el costo sería de Bs. 38.311. Si a esto se le suma que tienen un gasto por la nacionalización del 5% eso elevaría el costo del carro a 40.226 bolívares fuertes, por tanto, el precio sugerido fue de Bs. 61.072 lo que representaría una ganancia de 51,8%.”
Cuenta matemáticamente incuestionable, solo que tiene un pequeño problema y es que no analiza el mercado integral, en cuya variable no solo intervienen los costos de producción y comercialización, sino también la demanda, que esta determinada, entre otras cosas, por lo que un consumidor esta dispuesto a pagar por un bien que satisfaga una necesidad. Y esta disposición a pagar, parece tener una relación inversa con su oferta. Es decir, mientras más escaso es un bien, más están dispuestos los consumidores a pagar más por dicho producto.
Por tanto, esta política ciertamente bien intencionada, va a conseguir las siguientes dificultades y distorsiones cuando efectivamente se coloquen en el mercado dichos vehículos, dado que el precio (especulativo) de las Vitara en el mercado ronda los ciento cuarenta mil bolívares.
1.- La información privilegiada: No es de extrañarse que las primeras personas que se anoten en las listas de compras sean funcionarios públicos cercanos a las inspecciones y controles para el ingreso y la nacionalización de los vehículos y personas vinculadas a las empresas importadoras o concesionarios de ventas (socios, trabajadores o proveedores).
2.- La corrupción: Como seguramente la importación de vehículos (con pvs fiscalizado) resultarán insuficiente para atender la demanda vehicular y dada la enorme diferencia entre el precio fijado por el gobierno y su precio en el mercado, muchos compradores estarán dispuestos a pagar una cuota mayor por el vehiculo a través del soborno a las personas o redes que controlan la lista de espera de compradores, para que ubiquen su nombre en una posición en un lugar dentro del conjunto de vehículos disponible. Es una operación de arbitraje informal.
3.- La discriminación: El otorgar de manera expedita pero incompleta dólares para la importación de vehículos, genera una competencia desleal para los vehículos fabricados en el país y para los importadores de partes, quienes actualmente no cuentan con las mismas garantías. Esto directamente atenta contra las fuentes de trabajo en el sector automotriz.
4.- Desencanto: De los miles de compradores que creerán que gracias al gobierno podrán comprar un carro a precio verdaderamente accesible, pronto se darán cuenta que sencillamente no lo podrán conseguir. Se repetirá lo que ocurrió con el famoso teléfono bautizado como “el vergatario”. La decepción será mayor cuando comprueben que tampoco podrán adquirir un carro de poco uso, puesto que ni los concesionarios tendrán vehículos accesibles y los particulares que teniéndolos y deseándolos vender no podrán ofertarlo debido al oneroso impuesto que se pretende implantar para desincentivar la venta de vehículos antes de los dos años de compra.
Conclusión: El gobierno está en la línea correcta en su intención de abaratar el precio de los vehículos, pero las soluciones planteadas, son incompletas. Las consideraciones de las que parten se fundamentan exclusivamente al tema ético entendida como la falta de solidaridad de los concesionarios y productores de vehículos, pero no toma en consideración los factores propios de fallas de gobierno, como la inflación, los retrasos para el otorgamiento de dólares oficiales, la politización de los sindicatos, la deficiencia del transporte público, el bajísimo precio de la gasolina, entre otros. Todos estos elemento inciden en la baja oferta y la exacerbación de la demanda de vehículos. Una política comercial debe ser integral y considerar tanto los aspectos de oferta (costos) como los elementos de demanda, si de verdad quiere lograr sus cometidos los cuales son que el sistema de producción satisfaga las necesidades a la mayor parte de los individuos que conforman una sociedad con la mayor eficiencia posible.

martes, 7 de julio de 2009

LEDEZMA Y BOBBY SANDS


Corría el año 1981, en pleno fervor de las luchas nacionalistas del Ejército Republicano Irlandés para conseguir la separación de Irlanda del Norte de la Gran Bretaña. A los paramilitares irlandeses detenidos en las cárceles británicas les había sido negado el estatus de prisioneros políticos y eran tratados como delincuentes comunes. Bobby Sands eran un miembro de los grupos rebelde que desde la prisión peleó para que se le concedieran este fuero y para ello iniciaron varias acciones de protestas, como usar ropa común en lugar del uniforme o negarse a limpiar sus excrementos.
Ante los oídos sordo de las autoridades británicas del gobierno encabezado por Margaret Thatcher radicalizaron sus protestas y el primero de marzo Bobby Sands decide iniciar una huelga de hambre con las siguientes demandas: el derecho a tener el estatuto de preso político, no llevar uniforme carcelario, derecho a no trabajar en la cárcel, derecho a relacionarse libremente con otros prisioneros, derecho a organizar su propio tiempo libre y el derecho a recibir una visita y una carta por semana.
Luego de 66 días de iniciada la huelga, Sands muere sin que fueran aceptadas sus demandas por el gobierno británico. Junto a él murieron 9 prisioneros más que se habían unido a la huelga, sin que el gobierno británico diera su brazo a torcer. Sin embargo la muerte de estos presos, significaron una gran presión para el reinado. El cortejo fúnebre de Sands fue acompañado por más de cien mil personas y las posiciones del Ejército Republicano Irlandés se recrudecieron, usando como símbolo de la inmolación de Bobby. Finalmente en 1999, irlandeses y británicos pudieron firmar la paz, con el reconocimiento de los principales grupos étnicos y gobiernos de coalición protestantes y católicos.
La historia de Bobby la traigo a colación por Antonio Ledezma. El alcalde metropolitano acaba de inicia una huelga de hambre ante la sede de la ONU. Sus reclamos responden al deseo del trato igualitario que uno espera en un país que se erige como democrático. Sus demandas son específicamente cuatro: Entrega de los recursos económicos para cancelar los salarios de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, detener el desmantelamiento de esta institución por parte del Gobierno Nacional, que la OEA designe una Comisión de Alto Nivel que se traslade a Venezuela a observar la grave situación por la que esta atravesando la democracia de nuestro país y como es violada la Constitución Nacional y que se verifique como el Gobierno nacional y el resto de los representantes de los poderes públicos se burlan de la Soberanía Nacional.
Como toda lucha política la táctica sigue al conocido juego de la gallina que practicaban los pandilleros americanos en la década de los 50 del pasado siglo. Para ganar hay que forzar que el otro se rinda, pero un error de cálculo, puede afectar el resultado con consecuencias no deseadas para ninguno de los bandos. No pienso que Ledezma desea inmolarse y al gobierno tampoco le interesa que eso ocurra. Pero Ledezma hará muy mal si abandona la huelga sin haberse cumplido los objetivos y el gobierno demostraría debilidad si acepta una comisión que juzgue la democracia de un país. En lo particular pienso que en algún momento el gobierno nacional hará las erogaciones para pagar la nómina de la Alcaldía Mayor, Por otra parte, la OEA, cuando deje de mirar a Honduras, podría mandar una comisión a Venezuela, si esto no afecta los planes reeleccionistas de Insulza. El desmantelamiento de la Alcaldía Mayor ya se produjo. Pudieran decir que ya la jefatura de Caracas, ya tiene las competencias legales correspondientes. Si se mantiene la posición de inflexibilidad del gobierno y la OEA se sigue haciendo de la vista gorda en Venezuela, será capaz Ledezma de llegar tan lejos como llegó Bobby. Para suerte de todos ni Venezuela es un país de mártires irlandeses, y al final nuestros gobiernos tampoco son tan inflexibles como la de la dama de hierro. Esperemos que sea la historia de Venezuela la que se repita y no la de Bobby.

miércoles, 1 de julio de 2009

¿GOLPE AL GOLPE?


Lo Jurídico.

Desde el punto de vista del Derecho Constitucional y que perdonen los abogados por meterme en su terreno, lo ocurrido en Honduras el pasado domingo tiene toda la cara de una Neo-Golpe Militar. El adjetivo Neo, es porque definitivamente no es el golpe cuartelario normal, donde un militar realiza una asonada justificado por razones de seguridad del Estado, para luego por la misma razones quedarse hasta que alguien (lo más probable otro militar) lo sacara. Algo parecido a la intentona del 4 de febrero en Venezuela. Esta fue la tradición latinoamericana hasta que los militares sencillamente reconocieron que no sabían gobernar y que eso debía ser asunto de los civiles.
Así las cosas, el domingo en la madrugada los militares irrumpen de la manera que saben, levantan de su cama a un presidente, y sin siquiera permitirse cambiarse la pijama (gracias a Dios parece que Mel tenía la costumbre de dormir con ambas piezas y no con una de esta prenda de vestir como es lo habitual) ni cepillarse los dientes, lo tomaron y lo montaron en un avión vía a Costa Rica. Algo así como ocurrió en Venezuela con Vivancos, cuando éste presentó un informe reportando que en Venezuela no se respetan los Derecho Humanos.
Pero en lugar de un militar hablando de la salvación de la patria, en la tarde un presidente civil era nombrado bajo casi la unanimidad de las fuerzas políticas Hondureñas. Golpe de Estado avalado por Fuenteovejuna, pero golpe de estado al fin. Golpe de Estado puesto que para que procediera la destitución debió ocurrir un procedimiento previo, con derecho a la defensa por parte del Presidente y con sentencia firme que avalara la destitución. Entiendo que los militares hondureños le aplicaron a Zelaya una formula parecida a la inhabilitación de que fuera objeto Leopoldo López y compañía en las elecciones regionales pasadas.
La acción de los militares y políticos hondureños fue un golpe de Estado, para evitar que Zelaya diera un golpe de Estado. En esto ya Mel había avanzado. Picado por el mismo virus de algunos presidentes latinoamericanos, buscaba establecer de manera inconstitucional un mecanismo que permitiera su reelección. El paso inicial de su estratagema fue la realización de un referéndum consultivo, al cual de manera falaz llamó encuesta, que permitiera la posibilidad de incorporar una cuarta urna en las próximas elecciones en la cual se le solicitaba al pueblo realizar reformas a la carta magna. La constitución hondureña establece que el solo intento de sugerir una reelección acarrea la destitución inmediata del cargo y su inhabilitación por diez años. No hizo caso de ninguna de las prohibiciones que desde el resto de los poderes públicos se le realizaron a la posible consulta. Se enfrentó con el Tribunal de Justicia, el Congreso, su partido y con los militares. Toda una crisis de gobernabilidad, que parece no concluirá con su salida forzada de poder. Por cierto en Venezuela, es costumbre que el CNE y el TSJ rechace todas las solicitudes de referéndum consultivo que realizan miembros de la oposición.

Lo Político

Norberto Bobbio distingue entre lo ético y lo político. Mientas que la ética debe cuidar por los procedimientos para lograr los fines, lo político mira los resultados y desdeña los procedimientos. Algo de eso hemos aprendido en estos diez años de gobierno revolucionario. Lo ideal es que la política se subordine a la ética, que los resultados se consigan de acuerdos a ciertos valores y principios universalmente aceptados. Pero evidentemente si algo parece carecer en los bloques de poder en Honduras es el apego a los principios éticos. A la consulta ilegal se responde con un golpe. Pero habría que examinar las consecuencias si se hubiera consolidado el deseo de Zelaya de aprobarle la cuarta urna, con un procedimiento que a todas luces iba a ser poco transparente. La destitución apresurada de Zelaya, procuro evitar este acontecimiento. Si tuvieron razón o no desde el punto de vista político, esta por verse y para ello deberán mantenerse en el poder lograr conducir al país a la culminación exitosa del proceso electoral a realizarse en Noviembre.

El Futuro

De manera unánime, los organismos multilaterales solicitan la restitución de Zelaya, aduciendo su legitimidad de origen. Jurídicamente parece lo correcto y que en el intertanto, operen los tribunales para determinar las responsabilidades, tanto de Zelaya, como de los implicados en el golpe de Estado. ¿Pero esto es posible? En mi opinión Zelaya quien ante la comunidad internacional es todavía presidente, se encuentra totalmente deslegitimado al interior de su país. Su regreso al poder, debería pasar por una derrota política y militar de todas las fuerzas que se le enfrentaron o de una inteligente negociación. La gobernabilidad requiere de un vencedor absoluto o de un borrón y cuenta nueva que abra la posibilidad de un diálogo, previo el compromiso de evitar alterar la constitución vigente, por lo menos hasta que asuma el presidente que sea electo el próximo noviembre.