Comentaba en el artículo anterior que la mejor política de vivienda para los sectores populares se basaba más en estimular la demanda que la oferta, es decir que en lugar de poner al Estado a construir casas, era lograr que la gente tuviera ingresos para comprar su vivienda. Políticas macroeconómicas que favorezcan el ingreso familiar como el crecimiento del empleo y el control de la inflación. Además se favorece la intervención estatal a través de subsidios directos antes que indirectos.
Sin embargo el estímulo de la demanda siempre genera un problema y es que este se puede traducir en un incremento de los costos sino se acompaña de un incremento proporcional de la oferta, y generar un proceso de selección adversa donde al final se beneficie a los especuladores de vivienda, más que a los que necesitan de ellas para vivir.
De acuerdo con Emeterio Gómez y con los postulados de la ortodoxia económica, el valor de un bien está dado por su escasez. En la medida que sea más complejo la elaboración de un bien será más escaso, más costoso y por tanto más valioso. Una vivienda con unas condiciones mínimas socialmente aceptables (dignas o decentes) es en América Latina un recurso escaso, de allí su alto valor.
En Venezuela las políticas gubernamentales generan condiciones para la especulación con la vivienda, puesto que con tasas de interés pasivas negativas y con la prohibición de adquirir divisas, una de las pocas maneras de mantener los ahorros de las familias es a través de la compra de inmuebles. Por supuesto que esta no es una inversión exenta de riesgo, como bien lo saben los propietarios de terrenos invadidos o aquellos que tuvieron que entregar apartamentos a un banco en el Estado de Florida. Una demanda especulativa incrementa los precios, por lo menos hasta que la burbuja explote. En Venezuela la burbuja es mantenida por políticas estatales.
El fundamento para una política de vivienda sigue siendo una economía estable que reduzca la inflación, incentive el ahorro y genere confianza en los inversionistas. Lo segundo sería quebrar toda condición oligopólica y estimular la competencia. Cerrar mercados es generar escasez y encarecer los precios. Aunque la vivienda por lo general entra en la categoría de bienes no transables, las nuevas tecnologías están cambiando esta realidad. La apertura económica debe incluir tanto productos finales (casas prefabricadas), como materia prima e insumos.
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