En ingles utilizan un simpático refrán “If you pay peanuts you get monkeys” (Si pagas con maníes, contrataras monos). Me refiero por supuesto a la “Ley de orgánica de emolumentos, jubilaciones y pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público” a través de la cual se pretende regularizar el despelote del sistema de remuneraciones del sector público, donde conviven sueldos inferiores al salario mínimo como el que poseen los maestros de las escuelas básicas nacionales con las aparentes exorbitantes sumas devengadas por algunos altos funcionarios del poder público nacional, como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Los antecedentes a esta norma viene del presidente que no puede comprender que lo que desea para él (su máximo bienestar) no lo puedan querer las otras personas para sí. Lo que para él es poder y el quiere lo máximo, para otro puede ser dinero; así que dentro de su cabeza no puede ser concebible que la gente desee ganar buenos sueldos y que los funcionarios públicos no hagan gala de una vida franciscana de la cual él no es precisamente ejemplo. Así que el principal objetivo de esta norma parece ser la reducción de los sueldos de algunos funcionarios, mas que regularizar el sistema.
En principio se comparten algunas de sus premisas, como por ejemplo la transparencia de los sueldos o emolumentos de los funcionarios públicos, puesto que ellos son funcionarios del pueblo. También se comparte el principio de igual remuneración a similar responsabilidad. Del mismo modo se acompaña el principio de jerarquía, según el cual a mayor nivel jerárquico, mayor remuneración o la simplificación de las primas, ya que es difícil evaluar que funcionarios electos o de libre nombramiento o remoción merezcan bonos de eficiencia, que a lo mejor cobró el presidente de Mercal por pudrir alimentos y que no dudo cobra el presidente de Pdvsa por reducir la producción petrolera.
Lo que si está claro es que si se quieren buenos funcionarios, estos deben tener buenos sueldos y esta no parece ser el resultado de esta norma. Un sueldo decente siempre es un criterio relativo y debe depender de al menos dos variables: por un lado el poder de compra que ofrece el emolumento y por otra parte cuanto estarían dispuestos a pagar el mercado por esos funcionarios desde otro sector de la economía. Del primero depende su motivación, del segundo, que se mantenga en la organización. El costo de la canasta básica, la expectativa a un estándar de vida de un ejecutivo y la comparación con los sueldos y salarios que paga el sector privado por este tipo de personal serán algunos de los principales elementos a considerar para saber cuanto debe costarle al país un funcionario o funcionaria de alto nivel en el sector público.
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