Voy a decir esto incluso a riesgo que me llamen “hijo de Milton Friedman”: desde el punto de la ciencia de la economía política no existe ninguna obligación del Estado de construirles vivienda a la gente. Esta acción se reserva a los llamados bienes públicos (aquellos que no poseen rivalidad en su consumo y es imposible evitar su usufructo a cualquier miembro de la sociedad). Por supuesto esto no significa que el Estado tenga prohibido construir viviendas, solo que debe existir una razón poderosa, para que en lugar de ocuparse de la provisión de los bienes que le son propios, se ocupe de darle a la gente de cosas que puede proveerla perfectamente el mercado.
Se debe preguntar por tanto ¿cuáles serían las razones para que el Estado intervenga en el mercado inmobiliario? En principio existen dos razones: el mercado presupone la información perfecta tanto de los demandantes como de los oferentes. En la práctica de los negocios, la realidad es que los oferentes poseen mayor información que los demandantes y esto puede dar lugar a abusos de su parte. El estado debe garantizar por tanto se cumplan algunas condiciones mínimas que eviten aprovecharse de lo que se conoce como información asimétrica. Por eso existen las normas de calidad para la construcción de vivienda, los permisos de habitabilidad también van en esa dirección. A su vez, cuando se trata de compras sobre bienes futuros y no presentes como son las preventas, la supervisión del Estado debe ser mucho mayor.
Por otra parte, se reconoce la existencia de bienes socialmente importantes y que si dado el caso, un sector de la sociedad no tienen posibilidad de adquirirlos por insuficiencias de sus ingresos, el Estado colabore con los individuos para su obtención. Bajo esta premisa se han creado los fondos compulsivos de ahorro que permitan contar con los recursos financieros destinados a la construcción de viviendas con unas características de financiamiento especiales que permite que la gente con ingresos moderados acceder a este tipo de bien.
Pero todavía existe un grupo social que no pueden acceder a una vivienda con unos estándares mínimos de habitabilidad (dignas), o bien porque no están incorporados al mercado formal de trabajo, y por tanto excluido de sistema de ahorro habitacional, o bien porque aún estándolo, su situación económica no permite contar con los ingresos suficientes para adquirir este tipo de viviendas. Es para este sector que el Estado debe preocuparse en construir casas.
Ahora justificada la presencia parcial del Estado está el asunto es la eficiencia. ¿Es el sector público o el privado quien puede construir viviendas socialmente más baratas y en mayor cantidad? Depende de cómo se responda esta pregunta con la evidencia disponible, es que se puede saber hasta qué punto, es acertada o no la política inmobiliaria que está impulsando el gobierno nacional, y si en lugar de incentivar al sector está provocando su parálisis.
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