UNA SANCIÓN POLÍTICA

Será inútil en estos días, obligar a las autoridades del actual gobierno a actuar de acuerdo a aquello que se llamé Estado de Derecho o apego a la constitución y a las leyes. Desde que Chávez regañara públicamente a un oficial en aquellos días del paro por tener que cumplir la sentencia de un juez, es conocido que para este gobierno entre la política y las normas, siempre priva la primera.
La lucha de la población para mantener sus espacios de libertad no se realizará a través de jueces o magistrados. No podemos esperar nada del Tribunal Supremo de Justicia, quienes avalarán todas las directrices emanadas desde Miraflores o de la sede del Psuv. El gobierno todos los días se lo hace saber a los jueces. El trato dado a la Juez Afiuni es solo una muestra de lo que puede ocurrir en caso de desacato. A fin de acercar la teoría a lo que ya es práctica, la presidente del Tribunal Supremo de Justicia expone su doctrina de unidad de poderes, lo que en los hechos se traduce en mayor vulnerabilidad del ciudadano frente a los atropellos de quien tiene el monopolio de la fuerza pública.
Las acciones del gobierno ya son conocidas. En esta campaña electoral es de esperarse el uso ilegal e ilegitimo de los recursos del estado. El abuso del poder en todas sus formas. Desde la inhabilitación de candidatos opositores con oportunidad de victoria, el uso con carácter monopólico de los canales del estado de los cuales uno usa cinicamente el lema de todos los venezolanos y por supuesto las interminables y fastidiosisimas cadenas de radio y televisión. El amedrentamiento de funcionarios públicos, el chantaje descarado a los beneficiarios de la misiones, las decisiones sesgadas desde la directiva del Consejo Nacional Electoral, el financiamiento de la campaña por parte de las empresas públicas y otros organismos del estado, la participación de funcionarios públicos en la promoción de los candidatos de gobierno y pare de contar.
Dado que el gobierno y sus autoridades seguirán actuando con total impunidad y puesto que éste solo responde a sanciones de carácter político, habrá que diseñar mecanismos para convertir en sanciones políticas todos los abusos de poder cometidos y por cometerse. Que las cadenas se expresen en profundos actos de rechazo ciudadano, que el abuso de la propaganda política generen indignación, que las inhabilitaciones refuercen el compromiso con los candidatos alternativos. En la medida que sean los ciudadanos los que respondan a los abusos de poder y ejerzan una sanción política, el gobierno se verá obligado a respetar las normas de un juego democrático.