LA VIVIENDA COMO TEMA DE CAMPAÑA

La gran conclusión a la que se llega luego de haber dedicado tres artículos al tema de la vivienda es que lo que hace falta en realidad es una política económica. Que la gente con dinero en su bolsillo estará en capacidad de resolver su problema habitacional sin necesidad de la ayuda del gobierno. Que éste en lugar de construir casas debería dedicar sus esfuerzos en la provisión de la infraestructura urbana y asegurar el cumplimiento de los contratos entre privados.

Pero valiéndose de la necesidad de la gente y de sus carencias, el gobierno usa el tema de la vivienda como punta de lanza de la campaña electoral que a dos años de la contienda realiza el presidente.

Toda campaña electoral tiene como intención convencer a los electores que existe una razón para votar por una oferta electoral y en este caso, ante el importante déficit de viviendas decentes de las familias venezolanas el gobierno plantea la construcción de dos millones de viviendas en los próximos seis años. Los especialistas ya han dado cuenta que es fundamentalmente una promesa demagógica, que un gobierno que a duras penas ha construido trescientas mil casas en doce años, difícilmente incrementará su productividad en más de mil por ciento para aproximarse a la promesa realizada.

Se está claro entonces, que no es una meta gubernamental sino una estrategia electoral y los demócratas deberían dedicar parte de su esfuerzo discursivo en contraatacar esta propuesta, puesto que conociendo la capacidad propagandística de este gobierno está claro que éste podrá sacar provecho de las pocas casas que logre construir. Se puede hasta suponer que su desempeño sea tan pobre que solo construya mil casas en el año, pero mil familias contentas pueden tener mayor impacto en la argumentación persuasiva que las doscientas mil casas que dejaron de hacerse.

Atacar la promesa por demagógica puede ser contraproducente, porque puede entenderse como un deseo del fracaso del gobierno en esa área y provocar el rechazo sus portavoces. Prometer construir un mayor número de soluciones habitacionales no será creíble, puesto que ya se ha dicho que no se puede. Presentar una propuesta de una política de vivienda seria, que tenga como base el financiamiento a la familia, la creación de condiciones para la participación del sector privado y la estabilidad económica puede ser la base del contraargumento electoral, en el entendido que las dos millones de casas si se pueden construir pero con un nuevo gobierno.

HACIA UNA POLÍTICA DE VIVIENDA (II)

Comentaba en el artículo anterior que la mejor política de vivienda para los sectores populares se basaba más en estimular la demanda que la oferta, es decir que en lugar de poner al Estado a construir casas, era lograr que la gente tuviera ingresos para comprar su vivienda. Políticas macroeconómicas que favorezcan el ingreso familiar como el crecimiento del empleo y el control de la inflación. Además se favorece la intervención estatal a través de subsidios directos antes que indirectos.

Sin embargo el estímulo de la demanda siempre genera un problema y es que este se puede traducir en un incremento de los costos sino se acompaña de un incremento proporcional de la oferta, y generar un proceso de selección adversa donde al final se beneficie a los especuladores de vivienda, más que a los que necesitan de ellas para vivir.

De acuerdo con Emeterio Gómez y con los postulados de la ortodoxia económica, el valor de un bien está dado por su escasez. En la medida que sea más complejo la elaboración de un bien será más escaso, más costoso y por tanto más valioso. Una vivienda con unas condiciones mínimas socialmente aceptables (dignas o decentes) es en América Latina un recurso escaso, de allí su alto valor.

En Venezuela las políticas gubernamentales generan condiciones para la especulación con la vivienda, puesto que con tasas de interés pasivas negativas y con la prohibición de adquirir divisas, una de las pocas maneras de mantener los ahorros de las familias es a través de la compra de inmuebles. Por supuesto que esta no es una inversión exenta de riesgo, como bien lo saben los propietarios de terrenos invadidos o aquellos que tuvieron que entregar apartamentos a un banco en el Estado de Florida. Una demanda especulativa incrementa los precios, por lo menos hasta que la burbuja explote. En Venezuela la burbuja es mantenida por políticas estatales.

El fundamento para una política de vivienda sigue siendo una economía estable que reduzca la inflación, incentive el ahorro y genere confianza en los inversionistas. Lo segundo sería quebrar toda condición oligopólica y estimular la competencia. Cerrar mercados es generar escasez y encarecer los precios. Aunque la vivienda por lo general entra en la categoría de bienes no transables, las nuevas tecnologías están cambiando esta realidad. La apertura económica debe incluir tanto productos finales (casas prefabricadas), como materia prima e insumos.

HACIA UNA POLÍTICA DE VIVIENDA

Resumo lo planteado en el artículo anterior: el estado debe intervenir en el mercado inmobiliario básicamente para corregir asimetrías en la información y para promover que los sectores sociales más desfavorecidos puedan adquirir una vivienda con unas mínimas condiciones sanitarias y de confort. Dejemos el problema de la regulación para abordar el segundo problema y en este sentido se puede replantear el tema: en realidad no existe un déficit de viviendas, lo que hay en realidad es insuficiencias de ingresos, es decir no es que faltan casas, lo que falta son familias con dinero para adquirirlas.

Existen dos maneras en la que el estado interviene en la provisión de bienes y servicios, por el lado de la oferta asumiendo por su cuenta la construcción de desarrollos habitacionales y luego colocarlas en el mercado en condiciones más favorables a los que ofrece el mercado; o financiando la demanda, a través de transferencias directas de fondos a los potenciales compradores de viviendas (subsidio directo) o financiando a los proveedores para que oferten las viviendas en condiciones más favorables (subsidio indirecto).

La primera forma ha sido generalmente la preferida por el Estado y en Venezuela existe desde la creación del Banco Obrero. Pero está manera ha demostrado a la larga ser más ineficaz puesto que la capacidad de producción del Estado es poca. Pero igual es más ineficiente, puesto que requiere para el control de los recursos, del montaje de un aparato burocrático, que termina encareciendo de manera injustificada el valor social de la vivienda y más lenta su ejecución.

Por tanto lo que mejor resulta es atender el mercado de la vivienda a través del estimulo de la demanda y dejar que sea el sector privado el que se ocupe de la construcción de la vivienda. En Venezuela esto significa abandonar la desconfianza entre los sectores y asumir un constructivo dialogo.

Desde el punto de vista integral, la solución al déficit de vivienda se encontraría en primer lugar mejorando las condiciones económicas del país: el crecimiento económico mejoraría la situación laboral y permitiría a las familias ahorrar y disponer de recursos para la adquisición de viviendas; el control de la inflación favorecería las condiciones de los créditos y por último una real concertación entre el sector público y el sector privado, porque los países que se han desarrollado lo han hecho por el aumento de un tipo especial de recurso, el capital social.

EL ESTADO Y LA VIVIENDA

Voy a decir esto incluso a riesgo que me llamen “hijo de Milton Friedman”: desde el punto de la ciencia de la economía política no existe ninguna obligación del Estado de construirles vivienda a la gente. Esta acción se reserva a los llamados bienes públicos (aquellos que no poseen rivalidad en su consumo y es imposible evitar su usufructo a cualquier miembro de la sociedad). Por supuesto esto no significa que el Estado tenga prohibido construir viviendas, solo que debe existir una razón poderosa, para que en lugar de ocuparse de la provisión de los bienes que le son propios, se ocupe de darle a la gente de cosas que puede proveerla perfectamente el mercado.

Se debe preguntar por tanto ¿cuáles serían las razones para que el Estado intervenga en el mercado inmobiliario? En principio existen dos razones: el mercado presupone la información perfecta tanto de los demandantes como de los oferentes. En la práctica de los negocios, la realidad es que los oferentes poseen mayor información que los demandantes y esto puede dar lugar a abusos de su parte. El estado debe garantizar por tanto se cumplan algunas condiciones mínimas que eviten aprovecharse de lo que se conoce como información asimétrica. Por eso existen las normas de calidad para la construcción de vivienda, los permisos de habitabilidad también van en esa dirección. A su vez, cuando se trata de compras sobre bienes futuros y no presentes como son las preventas, la supervisión del Estado debe ser mucho mayor.

Por otra parte, se reconoce la existencia de bienes socialmente importantes y que si dado el caso, un sector de la sociedad no tienen posibilidad de adquirirlos por insuficiencias de sus ingresos, el Estado colabore con los individuos para su obtención. Bajo esta premisa se han creado los fondos compulsivos de ahorro que permitan contar con los recursos financieros destinados a la construcción de viviendas con unas características de financiamiento especiales que permite que la gente con ingresos moderados acceder a este tipo de bien.

Pero todavía existe un grupo social que no pueden acceder a una vivienda con unos estándares mínimos de habitabilidad (dignas), o bien porque no están incorporados al mercado formal de trabajo, y por tanto excluido de sistema de ahorro habitacional, o bien porque aún estándolo, su situación económica no permite contar con los ingresos suficientes para adquirir este tipo de viviendas. Es para este sector que el Estado debe preocuparse en construir casas.

Ahora justificada la presencia parcial del Estado está el asunto es la eficiencia. ¿Es el sector público o el privado quien puede construir viviendas socialmente más baratas y en mayor cantidad? Depende de cómo se responda esta pregunta con la evidencia disponible, es que se puede saber hasta qué punto, es acertada o no la política inmobiliaria que está impulsando el gobierno nacional, y si en lugar de incentivar al sector está provocando su parálisis.

PEANUTS

En ingles utilizan un simpático refrán “If you pay peanuts you get monkeys” (Si pagas con maníes, contrataras monos). Me refiero por supuesto a la “Ley de orgánica de emolumentos, jubilaciones y pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público” a través de la cual se pretende regularizar el despelote del sistema de remuneraciones del sector público, donde conviven sueldos inferiores al salario mínimo como el que poseen los maestros de las escuelas básicas nacionales con las aparentes exorbitantes sumas devengadas por algunos altos funcionarios del poder público nacional, como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Los antecedentes a esta norma viene del presidente que no puede comprender que lo que desea para él (su máximo bienestar) no lo puedan querer las otras personas para sí. Lo que para él es poder y el quiere lo máximo, para otro puede ser dinero; así que dentro de su cabeza no puede ser concebible que la gente desee ganar buenos sueldos y que los funcionarios públicos no hagan gala de una vida franciscana de la cual él no es precisamente ejemplo. Así que el principal objetivo de esta norma parece ser la reducción de los sueldos de algunos funcionarios, mas que regularizar el sistema.

En principio se comparten algunas de sus premisas, como por ejemplo la transparencia de los sueldos o emolumentos de los funcionarios públicos, puesto que ellos son funcionarios del pueblo. También se comparte el principio de igual remuneración a similar responsabilidad. Del mismo modo se acompaña el principio de jerarquía, según el cual a mayor nivel jerárquico, mayor remuneración o la simplificación de las primas, ya que es difícil evaluar que funcionarios electos o de libre nombramiento o remoción merezcan bonos de eficiencia, que a lo mejor cobró el presidente de Mercal por pudrir alimentos y que no dudo cobra el presidente de Pdvsa por reducir la producción petrolera.

Lo que si está claro es que si se quieren buenos funcionarios, estos deben tener buenos sueldos y esta no parece ser el resultado de esta norma. Un sueldo decente siempre es un criterio relativo y debe depender de al menos dos variables: por un lado el poder de compra que ofrece el emolumento y por otra parte cuanto estarían dispuestos a pagar el mercado por esos funcionarios desde otro sector de la economía. Del primero depende su motivación, del segundo, que se mantenga en la organización. El costo de la canasta básica, la expectativa a un estándar de vida de un ejecutivo y la comparación con los sueldos y salarios que paga el sector privado por este tipo de personal serán algunos de los principales elementos a considerar para saber cuanto debe costarle al país un funcionario o funcionaria de alto nivel en el sector público.

DIALOGOS E INHABILITACIONES

Llego simpático el hombre. Saludos y sonrisas a quienes había atacado ferozmente días antes. El que no lo conozca que lo compre. Ya hemos visto esa jugada varias veces, llama al dialogo y a la conciliación luego de 12 años de guerra verbal, que en ciertos momentos ha ido un poco más allá. Lo que es del cura va para la iglesia, reza el dicho.

Si queremos ser sinceros debemos ir a los temas en concreto, en primer lugar la revisión plena de las leyes antidemocráticas y que se encuentran al margen de la constitución. En segundo lugar, pero no por eso menos importante los problemas que forman parte de la agenda de la gente: la inseguridad, la inflación, el desempleo, la seguridad jurídica, retornar a la senda del crecimiento económico.

Reconocer la utilización de la visión política de Carl Schmitt, donde esta se desarrolla bajo el esquema de amigo – enemigo es reconocer que su política ha estado signada por la exclusión del otro. Este ilustre jurista alemán termino apoyando al movimiento nazi. Que haya reconocido que es un error es un paso gigantesco hacia la reconciliación. Que sea sincero y desde el gobierno se produzcan los cambios necesarios, lo veremos en los próximos días.

Entre las leyes aprobadas se encuentra la reforma a la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, mejor conocida como la ley antitalanquera. De acuerdo a ésta, todo diputado debe permanecer en la tolda que lo eligió y votar consecuentemente con ella a riesgo de quedar inhabilitado. Parecen olvidar algunas cosas, cuando alguien es electo, pasa a ser diputado de la nación, no de su electorado; pueden existir cambios en las opiniones políticas de su electorado que influyan en su comportamiento y puede ser que quien no interprete correctamente el programa político sean los miembros del partido. Estas instituciones se conocen como parlamento, puesto que es allí donde la gente habla (parlar) a fin de persuadir a los otros. Desde el origen del parlamento se presupone la posibilidad de cambiar de opinión. La intención única de la ley es evitar la disidencia interna.

Queremos ser sincero, dejemos que los diputados dialoguen y puedan votar a conciencia. Que prevalezca la inmunidad parlamentaria a Pirieli y Sánchez y por ahora, que no se hable de aplicar la inhabilitación a aquel que cometió un fraude a los electores por prometer más democracia, y por el contrario conducir al pueblo al mar de la felicidad cubana.