¿Y AHORA, QUIÉN ME DEFENDERÁ?

Para aquellos que mantienen una visión estatista de la economía, que piensan que no hay bicho más maluco que un empresario, que estos señores serían capaces de vender a sus madre si hay un buen negocio en ello, y que por tanto lo mejor que se le puede hacer es quitarles sus empresas y que sea el gobierno quien los maneje para evitar sus abusos, a ellos les tengo una noticia: Las arbitrariedades cometidas desde las empresas pueden aumentar, cuando es el gobierno el dueño.
Me explicaré para que entiendan que no se trata de una defensa del capitalismo salvaje, ni de las más recalcitrantes posiciones de Milton Friedman para favorecer al mercado. Creo entender que tantos empresarios como los funcionarios públicos, al ser de la raza humana son ajenos a la perfección. Algunos serán más virtuosos, otros más picaros, la mayoría serán de acuerdo a la ley de la tendencia central y asumiendo que las virtudes de una población se distribución normalmente, éticamente medianos.
Por tanto, toda empresa o actividad donde intervenga el hombre esta atado a la debilidad de sus emociones y por tanto, cualquier persona, pudiera pecar o cometer actos indebidos para favorecer su posición. Para limitar los excesos de quienes buscan lucrarse a través de la actividad empresarial, el Estado regula sus acciones y es el encargado de evitar que se cometan abusos y de castigarlos si los hubieran.
Así las cosas, en Venezuela, donde se sospecha que los empresarios son especuladores, explotadores y depredadores ambientales, el Estado ha creado instituciones que precisamente su trabajo es combatir la especulación, la explotación y proteger el medio ambiente. Existe el Indepabis, la inspectoría del trabajo y el Ministerio del poder popular para el ambiente. Todas ellas presurosas de poner en su sitio a los empresarios abusadores.
Ahora bien, la diligencia de estos organismos cuando se trata de diligenciar denuncias del sector privado, se vuelve totalmente inoperante cuando los especuladores, explotadores o delincuentes ambientales son funcionarios de organismos estatales. Así puedo citar el caso, del vecino, simpatizante del presidente, ilegalmente botado de Pdvsa, cuyo expediente duerme desde hace meses en la inspectoría del trabajo; mientras espera que algún funcionario atienda su caso, se rebusca manejando taxi. Se puede citar igual, el despido de trabajadores de Venirauto, por querer crear un sindicado, o el líder sindical de Sidor, a quien mantiene detenido, por exigir mejoras para sus representados.
Igual ocurre con los daños ambientales producido por la explotación petrolera, o la perdida de alimentos de Pdval, o la incapacidad para llevar alimentos de manera regular a través de la red Mercal, o el maltrato a que someten a sus usuarios, quienes se ven obligado a pasar largas horas al sol, para poder comprar dos paquetes de leche. En estos casos, como entre bomberos no se pisan las mangueras, estará a merced de la voluntad política y no el apego a las instituciones garantizar que las empresas estatales cumplan con las leyes.
Quedará por tanto a los trabajadores y usuarios de las empresas estatales, exclamar ante sus abusos,¿Y ahora, quién podrá defendernos? solo, que no habrá ni siquiera un chapulín colorado que salga a ayudarlo.