QUIEREN REVOLUCION: REFORMEN LA LOPA

A veces el oficio de comentar lo que ocurre en la semana puede ponerse tedioso. Por ejemplo no parece ser noticia que la Mesa de la Unidad sea un monumento al cinismo, que el primer mandatario no quiera dar explicaciones a nadie, ni siquiera a sus mandantes o que a cuenta de que nos da la gana, Rctv no sale al aire. Un estado de derecho reducido a lo que el comandante presidente ordene, donde las arbitrariedades de orden superior ya ni siquiera son noticia. Así que vamos a hablar de un tema que no está de moda, la reforma a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, mejor conocida como Lopa. En ella se regula, entre otras cosas, la manera que debe proceder el trato de la Administración Pública con los ciudadanos que tienen una solicitud ante el Estado.
La Lopa establece el principio del silencio administrativo negativo. Es decir que cualquier pedimento que interponga un ciudadano estará negada hasta tanto el funcionario responsable no tome la decisión correspondiente. Durante los gobiernos adecos copeyanos, esta norma fue la manera que encontró el estado para minimizar errores en una administración pública sobrecargada. Muestra una gran desconfianza al ciudadano común considerándolo un personaje de segunda, porque el burócrata y no él, es el que sabe. Desde que asumió el actual gobierno se añadió otra razón, pero esta menos legitima: dar largas a la toma de decisiones no convenientes políticamente. Así por ejemplo, las cableras tenían que esperar el permiso de Conatel para poner en su parrilla a Rctv.
Este es un gobierno “revolucionario” pero lleno de leyes reaccionarias. La revolución solo se ve en el hiper-control al sector privado de la economía, en las invasiones y en las expropiaciones. Si desean revolucionar realmente y hacer más eficaz a la administración pública, solo es cuestión de una palabra, silencio administrativo positivo, es decir ante cualquier solicitud hecha ante la administración pública, pasado un tiempo en que no recibiera respuesta se entendería que ésta fue aprobada. De esta manera, y al no contar en la negativa a priori, los funcionarios se verían obligados a ser más eficientes y además el gobierno tendría que explicar las razones para negar un requerimiento, ofreciendo argumentos que muchas veces no posee.