SAMAN Y LAS VITARAS DE BS. 61.000

Mi amigo Carlos me comenta su acuerdo con el gobierno con el tema de la especulación en el mercado automotriz. Me explica que en México un carro se consigue a US$ 8000. Una búsqueda en la web en los llamados libros azules en Estados Unidos, si bien no me muestran carros de este precio, si aparecen carros nuevos a partir de US$ 10.710 para el estado de Florida, que al cambio oficial significan Bs. 23.026,50 ó un precio cercano a los Setenta mil bolívares utilizando otros criterios para la compra de la divisa estadounidense. Por supuesto que como persona de clase media, cualquier cosa que se haga para abaratar los costos de vehículos es recibida con beneplácito y deseos de que ciertamente ocurra.
Esta parece ser la intención de uno de los personajes preferido para mis escritos, el inefable Eduardo Samán, Ministro de Industrias Ligeras y Comercio. Este garantizó dólares de CADIVI para la importación de vehículos, pero con un estricto control sobre ek precio de venta y lo explicó con el siguiente ejemplo “la empresa General Motors obtiene la camioneta Gran Vitara 4x2 a un precio Cif (que comprende el costo del flete y del seguro) en 17.819 dólares, entonces, con el dólar en Bs. 2,15 el costo sería de Bs. 38.311. Si a esto se le suma que tienen un gasto por la nacionalización del 5% eso elevaría el costo del carro a 40.226 bolívares fuertes, por tanto, el precio sugerido fue de Bs. 61.072 lo que representaría una ganancia de 51,8%.”
Cuenta matemáticamente incuestionable, solo que tiene un pequeño problema y es que no analiza el mercado integral, en cuya variable no solo intervienen los costos de producción y comercialización, sino también la demanda, que esta determinada, entre otras cosas, por lo que un consumidor esta dispuesto a pagar por un bien que satisfaga una necesidad. Y esta disposición a pagar, parece tener una relación inversa con su oferta. Es decir, mientras más escaso es un bien, más están dispuestos los consumidores a pagar más por dicho producto.
Por tanto, esta política ciertamente bien intencionada, va a conseguir las siguientes dificultades y distorsiones cuando efectivamente se coloquen en el mercado dichos vehículos, dado que el precio (especulativo) de las Vitara en el mercado ronda los ciento cuarenta mil bolívares.
1.- La información privilegiada: No es de extrañarse que las primeras personas que se anoten en las listas de compras sean funcionarios públicos cercanos a las inspecciones y controles para el ingreso y la nacionalización de los vehículos y personas vinculadas a las empresas importadoras o concesionarios de ventas (socios, trabajadores o proveedores).
2.- La corrupción: Como seguramente la importación de vehículos (con pvs fiscalizado) resultarán insuficiente para atender la demanda vehicular y dada la enorme diferencia entre el precio fijado por el gobierno y su precio en el mercado, muchos compradores estarán dispuestos a pagar una cuota mayor por el vehiculo a través del soborno a las personas o redes que controlan la lista de espera de compradores, para que ubiquen su nombre en una posición en un lugar dentro del conjunto de vehículos disponible. Es una operación de arbitraje informal.
3.- La discriminación: El otorgar de manera expedita pero incompleta dólares para la importación de vehículos, genera una competencia desleal para los vehículos fabricados en el país y para los importadores de partes, quienes actualmente no cuentan con las mismas garantías. Esto directamente atenta contra las fuentes de trabajo en el sector automotriz.
4.- Desencanto: De los miles de compradores que creerán que gracias al gobierno podrán comprar un carro a precio verdaderamente accesible, pronto se darán cuenta que sencillamente no lo podrán conseguir. Se repetirá lo que ocurrió con el famoso teléfono bautizado como “el vergatario”. La decepción será mayor cuando comprueben que tampoco podrán adquirir un carro de poco uso, puesto que ni los concesionarios tendrán vehículos accesibles y los particulares que teniéndolos y deseándolos vender no podrán ofertarlo debido al oneroso impuesto que se pretende implantar para desincentivar la venta de vehículos antes de los dos años de compra.
Conclusión: El gobierno está en la línea correcta en su intención de abaratar el precio de los vehículos, pero las soluciones planteadas, son incompletas. Las consideraciones de las que parten se fundamentan exclusivamente al tema ético entendida como la falta de solidaridad de los concesionarios y productores de vehículos, pero no toma en consideración los factores propios de fallas de gobierno, como la inflación, los retrasos para el otorgamiento de dólares oficiales, la politización de los sindicatos, la deficiencia del transporte público, el bajísimo precio de la gasolina, entre otros. Todos estos elemento inciden en la baja oferta y la exacerbación de la demanda de vehículos. Una política comercial debe ser integral y considerar tanto los aspectos de oferta (costos) como los elementos de demanda, si de verdad quiere lograr sus cometidos los cuales son que el sistema de producción satisfaga las necesidades a la mayor parte de los individuos que conforman una sociedad con la mayor eficiencia posible.